Gerardo Sánchez Zumaya continúa en el centro de la discusión política luego de que Reporte Índigo difundiera una investigación basada en denuncias ante autoridades federales que lo vinculan como presunto líder de una organización relacionada con lavado de dinero, fraude fiscal y extracción ilegal de hidrocarburos de Pemex, justo cuando busca abrirse paso hacia la gubernatura de San Luis Potosí.

Según la publicación, el empresario estaría ligado a una estructura que presuntamente operó mediante empresas fachada, prestanombres y una red de facturación multimillonaria, además de movimientos financieros que involucrarían compañías establecidas en Texas. El reportaje también menciona la utilización de instalaciones estratégicas de Pemex dentro del esquema investigado.

Entre los datos expuestos se señala que más de quince personas físicas habrían facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024, aun cuando las denuncias sostienen que carecían de infraestructura y capacidad económica para justificar esas operaciones.

Con estos nuevos señalamientos sobre la mesa, la figura del aspirante del PT queda nuevamente envuelta en cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio y el impacto que esta controversia podría tener en sus aspiraciones políticas.